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Jurisdicción (Opinión)

En nuestro país existen tres poderes; el ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres tiene la tarea de regir el país, donde el presidente es la representación del poder ejecutivo, el Congreso encara las decisiones legislativas, y la Corte Suprema encargada de imponer la ley. Todas estas facultades coaccionan y se relacionan, pero poseen sus roles determinados, teniendo sus propias tareas que los permite tener la conducción de la nación, representando un régimen democrático constitucional que posee sus límites, seguridad y orden.

A partir de esta situación, en la actualidad, hay una serie de decisiones que no son efectuadas por quienes deben, sino que buscan las respuestas en los otros poderes, instituciones o organismos. Es de esta manera, en que apreciamos que muchos temas de contundencia nacional no son efectuados por quienes les corresponde, sino que buscan traspasar la presión a otras instituciones que forman parte del Estado pero no del gobierno de turno. Por poner un ejemplo reciente, es el asunto de las termoeléctricas, donde el actual presidente había prometido en su campaña oponerse a proyectos que pongan en riesgos el medioambiente y destrucción de regiones consideradas patrimonio o santuarios de la naturaleza, que en este caso en particular, afectaba a Punta de Choro.

Efectuando una recopilación de esta noticia durante la semana, encontramos que el tema fue traspasado a otros organismos (como el CONAMA) e incluso la ministra del medioambiente (María Ignacia Benítez) señaló a un programa televisivo que la decisión en este tema no le corresponde al presidente, sino que a las instituciones encargadas. Finalmente, esta propuesta fue negada ante la oposición del Presidente, pero pasando por una serie de protestas, manifestaciones y traspaso de información de un lugar a otro que demuestra la falta de compromiso y decisión -muchas veces por presiones políticas para no generar descontento en la ciudadanía- en los temas, los cuales son traspasados al poder judicial en su mayoría, ya que este ente debe basarse según la ley, por ende, encargarse de que se cumpla.

Ante esta problemática, nos planteamos ¿qué razones hay para que se den estas situaciones?, ¿porqué cuesta tanto tomar decisiones a quienes le corresponde?, ¿es preferible hacer lo posible por mantener una buena imagen de gobierno, sin importar que consecuencias quedé para el Estado?, ¿se encuentran primero los intereses del gobierno en vez de la ciudadanía?, ¿es preferible que el poder judicial, que no tiene un compromiso político de atrás, sea que decida por nosotros?, etc. Estas preguntas surgen con estos hechos que demuestran la falta de compromiso y creencia en traspasar la decisión y la presión a un juez, en vez de quienes deben por temor a las reacciones que surjan (tengamos presente que estos casos se han dado en diferente gobiernos, sin diferenciar su concepción política).

Claramente hay una diferencia entre la ley y la política, entre el crecimiento y  resultado, entre la aprobación o el rechazo, pero por más que aparezcan, son una consecuencia de quienes deciden optar por el camino de la función pública, por lo tanto, deben asumir sus tareas, tomar decisión y enfrentarlas, de lo contrario, seguiremos de la misma forma en que hemos estado.

Para mas información: click aquí.

Martin Schaeffer Bergeret

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