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Una cuestión de valores

El poder político es legitimado en diferentes fuentes, cuando nuestros representantes toman decisiones, a nuestro parecer, equivocadas pueden perderlo por este hecho, por ejemplo,  al no ser elegidos nuevamente. Es por esto que son tan cautelosos a la hora de ser parte de decisiones vinculantes en temas controversiales.

Supuestamente, ellos están encargados de velar por todos los habitantes de la nación, ser “la voz del pueblo” y legislar basados en esto. Por eso los elegimos y confiamos en ellos, hasta cierto punto.

La política y sus actores han perdido mucha credibilidad a lo largo de los años, se les relaciona rápidamente con corrupción, mentiras y en engaños esto es, porque sus acciones han ido lapidando su reputación y ha marcado a todas las generaciones de políticos que han venido después, simplemente porque han continuado con sus prácticas.

Me parece que nos encontramos frente a un problema de valores, ya que alguna vez el fin de la política fue buscar el bien común, pero en una sociedad tan competitiva como la actual, es muy difícil no ser individualista y velar por cada uno. Esto nos ha traído como consecuencia que, a pesar de que nuestros representantes deberían hacer exactamente eso, representarnos, en las situaciones más importantes sus valores personales están por sobre los del pueblo. Por eso, cuando se encuentran frente a temas controversiales que no quieren discutir, los intentan despolitizar, quitándoles importancia y sacándolos de la palestra por miedo a perder su poder. En algún punto son debatidos pero es difícil que se haga de forma expedita, pueden pasar años y los proyectos de ley siguen en trámite. Un ejemplo para esto es la bien conocida ley de divorcio, que demoró diez años en ser despachada. Durante su tramitación, fue politizada y despolitizada continuamente. Comenzó el 28 de noviembre de 1995 y fue reanudada el 6 enero de 2004 para finalizar el 11 de marzo del mismo año, después de haber estado retenida ocho años en el Senado. Luego se llevo a cabo su promulgación y puesta en vigencia.

Seguramente, durante este largo tiempo, el poder judicial se vio en diferentes encrucijadas por la falta de una ley que los respaldara en temas relacionados al matrimonio, siendo los propios jueces los encargados de tomar decisiones basados en criterios propios. No puede ser posible esta situación ya que la sentencia de un juicio estaría determinada casi completamente por el magistrado de turno.

La idea de que existan tres poderes del  Estado es que se complementen y cumplan sus tareas para facilitar el trabajo. En este caso, si no cumple el poder legislativo difícilmente lo podrá realizar a cabalidad el judicial.

Javiera Villela

Información sobre la ley de divorcio en:

http://abogadostodofamilia.cl/divorcio.html

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